Ambito Comercial Tv Diario Digital

POLÍTICA

Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria

Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal que castiga la corrupción empresaria. Se trata de un proyecto impulsado por el oficialismo que contó con 144 votos positivos, 6 en contra y 31 abstenciones.

09/11/2017

De este modo, Cambiemos cumplió su cometido de contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara baja.

Por lo pronto, el interbloque oficialista contó con el apoyo en general del Frente Renovador-UNA y el bloque Justicialista, en tanto que el Frente para la Victoria-PJ se abstuvo y el Frente de Izquierda votó negativamente.

A pesar de votar la normativa, desde el massismo se quejaron por las modificaciones efectuadas en la Cámara Alta, que dieron por tierra con las incorporaciones que a propuesta del massismo se habían realizado al proyecto original del Poder Ejecutivo. Se trata de la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y a la propuesta para que la normativa alcance a todos los delitos del Código Penal.

La normativa sancionada se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

También se acordó que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y que en caso de deceso del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa. A su vez, se fijó que en caso de "responsabilidad sucesiva", es decir, cuando la persona jurídica se reconvierta, fusione o tome otro nombre, permanezca la responsabilidad penal.

La responsabilidad por la comisión de un delito recaerá tanto sobre la empresa como sobre el empleado que lo haya perpetrado y, por esa razón, las empresas podrán tener un Programa de Integridad para la prevención de ilícitos entre sus empleados, el cual será además obligatorio para contratar con el Estado.

Las empresas serán responsables cuando los delitos "hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio" y quedarán exentas "sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno" para la compañía.

Entre las penas que correrán para las empresas figuran: multas de entre dos a cinco veces del beneficio obtenido por la empresa a través del ilícito; la suspensión provisoria o definitiva de la personería; la suspensión de la actividad, patentes o marcas hasta 10 años; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; y la imposibilidad de acceder a licitaciones, pérdida de subsidios estatales u otro tipo de beneficios.

Asimismo, la empresa solamente será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna. La normativa también señala que la persona jurídica podrá celebrar con el Ministerio Público Fiscal un acuerdo de colaboración eficaz para revelar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores.

• Prorrogan emergencia territorial indígena

Por otra parte, la Cámara baja aprobó por unanimidad la prórroga de la emergencia territorial indígena. Con 214 votos afirmativos, ninguno negativo y sin abstenciones, el Congreso prorrogó por cuatro años la ley que suspende desalojos en tierras indígenas. La ley vencía el próximo 23 de noviembre y contaba con aprobación del Senado. En la Cámara alta la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión a dos años.

La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.

Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades. Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado.

• El exabrupto de Carrió

La sesión especial terminó en un escándalo cuando la oposición se retiró en forma abrupta del recinto en repudio a las afirmaciones de Elisa Carrió, en medio de un debate sobre el banco de alimentos, quien afirmó que "estaba harta del progresismo estúpido".

La polémica se desató cuando se discutía un proyecto para hacer donaciones a un banco de alimentos, que era resistido por varios legisladores y en especial por los miembros del interbloque Progresistas, Margarita Stolbizer y Federico Masso (Libres del Sur).

Allí pidió la palabra Elisa Carrió para justificar la necesidad de contar con esta ley para paliar el hambre y en ese contexto, muy enojada, la dirigente porteña expresó: "Estoy cansada del progresismo estúpido. No quieren votar la ley", que generó aplausos en el interbloque de Cambiemos.

Estas afirmaciones generaron un repudio generalizado de los diputados de la oposición, que pidieron sanciones para la legisladora, e incluso el Frente Renovador anunció que no vendrá más a las deliberaciones "hasta que no se aplique una medida disciplinaria a Lilita".

En medio de ese griterío y con los legisladores parados al lado de sus bancas, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó buscaba poner orden y le dio la palabra al legislador Masso, quien pidió tratar sobre tablas una medida disciplinaria contra Carrió, que fue respaldado por el Frente para la Victoria y el bloque Justicialista.

Posteriormente por la red social Twitter, Masso dijo que "esta soberbia de @elisacarrio de creer que los votos le dan permiso para cualquier cosa".

Ante la airada queja de los opositores, el jefe del interbloque de Cambiemos Mario Negri salió a defender a Carrió y señaló que "pedía perdón en nombre de su bloque si alguien se había sentido ofendido", pero aseguró que "aquí hay una exageración y sobreactuación" de muchos opositores. 

Ante esta situación, y como continuaban los gritos, Monzó dispuso pasar a cuarto intermedio para el próximo miércoles para continuar de votar el temario que quedó pendiente, como la designación de los miembros del Comité contra la Tortura. 

El proyecto diseñado por la radical Patricia Giménez complementa el Régimen Especial para la donación de alimentos sancionada en diciembre de 2004 con la reforma del artículo 9° que establece un marco legal para la responsabilidad acerca de los alimentos donados. 

La legisladora dijo que "el objeto, es dinamizar la entrega de alimentos en buen estado por parte de empresas, productores y otros actores sociales vinculados a la cadena alimentaria".